El ministro Iván Lima explica el argumento que se analiza para incluir al Gobernador de Santa Cruz en el proceso por la violencia durante los primeros días del gobierno de Jeanine Áñez
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó la teoría que se analiza para fundamentar una ampliación de los cargos contra Luis Fernando Camacho para que no solo sea procesado por el caso “Golpe I”, sino también por las masacres de Senkata y Sacaba.
El argumento, explicado por Lima, consiste en que las decisiones que derivaron en las masacres también alcanzan a Camacho, puesto que él puso al Ministro de Defensa de Jeanine Áñez y, además, era su aliado político.
En esta teoría, Lima señaló que todas las acciones que se llevaron adelante en 2019, desde la “ruptura del orden constitucional”, la asunción de Añez, las masacres y hasta el envío de material antidisturbios de Argentina y Ecuador, surgieron de una decisión que no solamente corresponde a Áñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López, sino también de quienes los nombraron como ministros.
En ese marco, señaló que Camacho determinó quien iba a ser el Ministro de Defensa de Añez, es decir Luis Fernando López. Aseveró que incluso hay libros al respecto.
“Por lo tanto, la decisión de quién puso al Ministro (de Defensa) es también una decisión en las masacres, en la compra de armas a Argentina y Ecuador, y en otros elementos”, señaló Lima en una entrevista con Erbol.
El Ministro de Justicia recalcó que, de acuerdo con esa teoría, “la decisión en relación al Golpe de Estado, a las masacres y a las acciones irregulares del gobierno de Añez llega a su principal aliado político, que es Luis Fernando Camacho”.
Lima aclaró que las víctimas de Senkata y Sacaba fueron las que solicitaron analizar la responsabilidad de Camacho en las masacres. Indicó que esta tarea de evaluación está a cargo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).
Actualmente, Camacho está detenido por el caso “Golpe I” debido a su rol en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez; mientras que en los casos Senkata y Sacaba se investiga a ministros, además de exjefes militares y policiales implicados en las masacres de 2019
