El juez octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco Diamantino, ordenó la madrugada de hoy la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
De esta manera, el juez cedió parcialmente al pedido del Ministerio Público, la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty de seis meses de detención preventiva para Camacho.
Sin embargo, la parte acusatoria anunció que apelará la decisión del juez para que se imponga los seis meses de detención.
El Ministerio Público impulsa un proceso contra la autoridad departamental por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado I.
La decisión final se conoció luego de más de ocho horas de una audiencia virtual que se instaló ayer en la tarde y en la que el fiscal de materia, Omar Alcides Mejillones Copona, imputó a Camacho por el delito de terrorismo, el cual se sanciona con hasta 20 años de cárcel.
Mejillones aseguró en la audiencia que Camacho lideró un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019, controlando a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, así como a grupos de personas que respondían a sus órdenes. Asimismo, añadió que Morales renunció ante “el riesgo eminente de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para que no sean masacrados, humillados”.
Así, el Ministerio Público repitió el reiterado discurso del MAS. El mismo fue apoyado por la abogada del Ministerio de Gobierno, Julisa Durán Serrano, y el abogado de la principal denunciante (Lidia Paty Mullisaca).
Peligro de fuga
La Fiscalía argumentó que correspondía ordenar la detención de Camacho por el peligro de fuga, ya que no tendría un domicilio habitual, no tiene un arraigo natural y realiza constantes viajes al exterior.
Martín Camacho, abogado del Gobernador, aseguró que su cliente nunca demostró intención de huir ni evadir las investigaciones y que la investigación carece de todo sustento legal.
Funcionarios
La audiencia comenzó con el pedido de la defensa del Gobernador para declarar la aprehensión como ilegal. La misma ocurrió a las 14:30 del miércoles en Santa Cruz, en un operativo violento, con una orden de aprehensión que iba en contra de sentencias constitucionales que prohíben ejecutar estas órdenes durante las vacaciones judiciales, y manteniendo incomunicado al detenido. Sin embargo, el juez Sergio Pacheco no dio curso a este pedido.
Horas antes de que la audiencia comenzara, decenas de funcionarios públicos se dieron cita en las puertas de la fuerza anticrimen de La Paz, donde mantenían a Camacho, para exigir que se lo envíe a Chonchocoro. De acuerdo a las declaraciones de algunos, asistieron obligados por sus superiores y debían enviar fotografías que constaten su presencia allí a través de grupos de WhatsApp. El mismo comportamiento fue evidenciado en las marchas para exigir la condena de la expresidenta Jeanine Áñez.
Indefensión
El abogado y analista político Williams Bascopé manifestó que el gobierno del MAS no aplica la democracia, sino el fascismo sindical para anular cualquier tipo de oposición en su contra. Para ello, se vale de la justicia, la violencia y sus grupos de choque.
Acusan a Camacho de liderar un “golpe”
Luis Fernando Camacho fue imputado por el delito de terrorismo, debido a que supuestamente generó un vacío de poder en 2019. “Que estas actuaciones cometidas por el Gobernador cruceño en colusión de las FFAA y la Policía Boliviana tenían la finalidad de constituir un gobierno cívico militar, del cual él sería parte”, señala parte de la imputación formal presentada por el Ministerio Público.
La audiencia se inició pasadas las 17:00 de ayer. Primero se trató los incidentes procesales planteados por la defensa de Camacho, que alegó que la aprehensión de la autoridad departamental fue ilegal; sin embargo, la autoridad judicial rechazo la solicitud.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó sus fundamentos para acusar a Camacho por el supuesto golpe de 2019. El fiscal Omar Mejillones señaló que, producto de ese acontecimiento. Evo Morales renunció “en contra de su voluntad” a la Presidencia.
“Todas las acciones tienen que ser en el marco de la Constitución Política del Estado y no como ha acontecido en fechas 10, 11, 12 de noviembre del año 2019”, dijo Mejillones.
En cambio, Martin Camacho, abogado del Gobernador cruceño, expuso todos sus argumentos para indicar que su defendido es acusado en base a subjetividades, sin ninguna información precisa, circunstancial y clara que muestre que haya ocurrido el supuesto golpe, según reporte del diario
