Aunque el Gobierno nacional no accedió al pedido de liberar a las 10 personas que fueron enviadas a prisión por avasallar el predio La Toja en Ascensión de Guarayos, los comunarios de Cerro Grande levantaron el bloqueo que habían instalado el 24 de diciembre en la carretera Santa Cruz-Beni demandando la liberación de mencionadas personas.
Autoridades policiales informaron anoche que el bloqueo de la carretera fue levantado; sin embargo, el sector transporte reporta cuantiosas pérdidas por los cuatro días de perjuicio.
Tras horas de diálogo con el Gobierno, la dirigencia de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Guarayos determinó dar un cuarto intermedio de 10 días al bloqueo de mencionada carretera.
El bloqueo de la carretera impulsado por el sector campesino comenzó el 24 de diciembre con la finalidad de “asumir defensa de la dignidad e integridad de las familias campesinas y territorio”.
El perjuicio por los cuatro días de medida de presión fue cuantioso, sobre todo para el transporte pesado y los sectores que comercializan productos entre Santa Cruz y Beni. El sector agrícola y el ganadero son los más afectados.
El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, informó que el bloqueo generó una pérdida de al menos 500 dólares por día por unidad de transporte. Las pérdidas son aún mayores en el caso de los motorizados que transportan productos perecederos.
En horas de la tarde de ayer, antes de la determinación de levantar el bloqueo, Yujra, a nombre del transporte pesado, dio al Gobierno un plazo de 72 horas para resolver el conflicto, pues caso contrario se evaluarán medidas de presión como el cierre de la refinería de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz.
El gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, cuestionó el bloqueo promovido por el sector campesino porque éste busca defender a personas que fueron sorprendidas en predios privados haciendo desmontes y provocando daño ambiental.
“Nos parece que es irrisorio que se esté tomando este tipo de medidas para exigir la liberación de personas que han estado actuando al margen de la ley”, dijo Hernández.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Téllez, informó ayer que, de las 12 personas aprehendidas en el operativo de desalojo del predio La Toja, dos quedaron en libertad y 10 fueron enviadas a prisión preventiva en la ciudad de Montero.
Durante la tarde de ayer, la autoridad pidió al sector campesino levantar el bloqueo para evitar una intervención policial; no obstante, ratificó que los 10 detenidos no serán liberados.
Identifican a 30 cabecillas
Las víctimas de los predios tomados en la provincia Guarayos llegaron ayer hasta el Ministerio Público para solicitar al fiscal departamental Róger Mariaca mayores garantías en la lucha contra los avasalladores.
Según El Deber, las víctimas tienen identificados a 30 cabecillas y al menos mil avasalladores.
Ruddy Trepp, propietario del predio Las Parabas, denunció que, pese a la intervención del Estado, los avasallamientos en la zona continúan. Además, dijo que se incrementó la presión contra los pobladores y propietarios.
Una muestra es el bloqueo que se instaló en la localidad Cerro Grande, cerca de Ascensión de Guarayos, para exigir la liberación de 12 personas acusadas de avasallar la propiedad privada.
