El primero de ellos tiene que ver con el tema de límites, que al no tener una definición clara sobre el asunto da lugar a que municipios aledaños asuman que parte del territorio de La Paz es de ellos, por lo que otorgan permisos de construcción de forma ilegal.
El secretario Ejecutivo de la Alcaldía de La Paz, José Carlos Campero, informó que más de 30 mil edificaciones se encuentran fuera de norma y sus propietarios, dijo, se amparan en autorizaciones obtenidas en municipios aledaños, Palca, Achocalla y Mecapaca, para levantar construcciones en territorio paceño.
“Tenemos más de 30 mil construcciones fuera de norma dentro el municipio de La Paz, la mayor parte tiene procesos de fiscalización y los dueños de estas construcciones se amparan con autorizaciones de construcción de municipios de Achocalla, Mecapaca y Palca, que son quienes más permisos de construcción otorgan”, explicó Campero en Unitel.
Consultado si es posible demoler estas edificaciones ilegales que ponen en riesgo a la ciudad, el secretario Ejecutivo explicó que existen dos problemas fundamentales que impiden ejercer esta acción que deviene de la fiscalización territorial que realizan las subalcaldías, amparadas en la Ley Municipal No 467.
El primero de ellos tiene que ver con el tema de límites, que al no tener una definición clara sobre el asunto da lugar a que municipios aledaños asuman que parte del territorio de La Paz es de ellos, por lo que otorgan permisos de construcción de forma ilegal.
“Muchas de estas edificaciones irregulares tienen el permiso de construcción de estos municipios, siendo que están en el territorio de La Paz. Sin embargo, la problemática de cuando se va a instancias judiciales, el municipio de La Paz ha perdido históricamente en cada uno de estos casos debido a la existencia de permisos de municipios aledaños”, señaló Campero.
Esta carencia de definición de límites provoca problemas de índole judicial, que es el origen del segundo problema por falta de coordinación con la Policía Boliviana y con el Poder Judicial. “El segundo tema tiene que ver con la falta de coordinación con dos instancias que son fundamentales, como la Policía, que es la fuerza del orden que nos permitiría hacer los allanamientos y el acompañamiento del Poder Judicial que hasta ahora nos ha sido imposible poder coordinar con estas dos instituciones del poder central”, reveló la autoridad.
La Alcaldía de La Paz, a través de las tareas de fiscalización de las subalcaldías, notifica a los dueños de edificios ilegales, pero no puede ingresar a los predios porque son privados y tienen protección. Campero explicó que se podría hacer allanamientos si es que se contara con el apoyo de la Policía y el Poder Judicial.
Consultado sobre aquellos propietarios que se acogen a la Ley de Regularización No 467 a través del pago de compensaciones económicas, el secretario Ejecutivo explicó que efectivamente se paga “compensaciones económicas por el exceso de metros cuadrados construidos”, pero muchos se aprovechan de estas circunstancias para seguir construyendo.
“A raíz de esta normativa muchos edificios han seguido construyendo, creyendo que podían regularizar y muchos de ellos siguieron construyendo pensando que la Ordenanza 046, que fue abrogada, iba a aprobarse y legalizar los edificios con demasía de pisos y muchos han creído que la ley de regularización se iba ampliar modificando al fecha de cerramiento y esto no es así. Por lo tanto, todos los que hayan construido de forma ilegal están con procesos y de manera constante estamos recabando la información que nos permite recabar quienes tienen permiso de otros municipios y quienes están en situación completa de irregularidad”, añadió Campero.
