La investigación contra el exfuncionario boliviano se inició tras una denuncia de la Cancillería a la que después se sumaron las carteras de Gobierno y Defensa.
“Es importante que la justicia boliviana vaya avanzando y que haya una sentencia, a diferencia de lo que sucede con los tribunales en la Argentina”, evaluó el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, según informó el diario argentino Página 12.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 11 de noviembre de 2019, el entonces embajador argentino en La Paz Normando Álvarez García envió un pedido a la Cancillería boliviana para la internación de un contingente de gendarmes de la agrupación Alacrán, que iría con sus armas a brindar seguridad a la embajada y a la residencia del embajador.
“Quien le dio un trámite irregular ese mismo día al pedido de Álvarez García fue Arteaga Fernández. El hombre ejercía entonces como responsable de Escritorio de Sobrevuelo, Aterrizaje y Porte de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores”, según la sentencia.
Según el fallo judicial, con la nota del exembajador Álvarez se empezó a gestionar el armamento que llegaría ilegalmente al país.
“El procesamiento de la nota que fue fraguada al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores por el denunciado Renzo Arteaga Fernández resultó ser el instrumento que promovió el tráfico ilícito de armas que se materializó en fecha 13 de noviembre de 2019”, dice el acuerdo de juicio abreviado que fue firmado por Arteaga Fernández, quien era funcionario de la Cancillería desde 2011.
“En Bolivia hay una sentencia y en Argentina la justicia se niega a llamar a declarar (como imputados) a los responsables: el expresidente, los exministros y los exfuncionarios”, cuestionó Basteiro.
La denuncia en Argentina, que fue promovida por el gobierno de Alberto Fernández por contrabando agravado de armas, están imputados el expresidente Mauricio Macri, sus exministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Marcos Peña, Álvarez García y el excomandante de Gendarmería Gerardo Otero, un hombre de confianza de la entonces ministra de Seguridad, entre otros.
Los antecedentes del caso dan cuenta que, luego de los hechos de 2019, se supo que la Fuerza Aérea Boliviana retiró su parte del armamento desde el hangar de los Diablos Negros , donde estaba estacionado el avión Hércules argentino mientras que la policía boliviana trasladó a los gendarmes argentinos. Cuando ellos bajaron, en las camionetas quedaron las cajas con cartuchos anti tumulto que fueron a parar a un depósito policial cerca de la capital boliviana. Los jefes de la Gendarmería, para justificar el faltante, dijeron que los efectivos habían usado las balas en entrenamientos.
Sin embargo, todos los que declararon ante la justicia dijeron que jamás activaron un arma durante su estadía en Bolivia y mucho menos para disparar balas de goma.
La investigación contra el exfuncionario boliviano se inició tras una denuncia de la Cancillería a la que después se sumaron las carteras de Gobierno y Defensa.
“Hay otro tramo de la investigación centrada en el tráfico de armas desde Argentina que está avanzando, que es la que indaga el rol de excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros Lara y el excomandate de la Policía, Vladimir Yuri Calderón. Restaría que se presente el peritaje de la carta de agradecimiento de Terceros Lara para que la Fiscalía esté en condiciones de hacer una acusación formal y pedir la condena”, agrega la información del medio argentino.
