El sector rechaza el avasallamiento de tierras productivas por parte de “grupos inescrupulosos” que realizan actos de terrorismo”
Ante los recientes hechos de toma ilegal de predios en los que se ejerció la violencia, los productores de caña se declararon en emergencia y exigieron a las autoridades nacionales restablecer “la seguridad jurídica a las zonas afectadas y tomar severas represalias contra los autores de estos hechos”.
La anterior semana, un grupo irregular tomó predios productivos ubicados en el municipio de Ascensión de Guarayos de propiedad del productor Rudiger Trepp. Los avasalladores, según el reporte del corresponsal de EL DEBER en esa zona, Desther Ágreda, quemaron el campamento de tres galpones, un tractor y una oruga alquilada a un menonita. Además, golpearon a los trabajadores.
Ante esta situación los cañeros, mediante un comunicado público lamentaron que las regiones productoras de alimentos se hayan convertido en zonas de constante conflicto por la presencia de grupos inescrupulosos que realizan actos de terrorismo, “con el único objeto de apropiarse de tierras trabajadas y con derecho propietario, buscando traficar con las mismas creando así una inseguridad jurídica total en la zona”.
“Amparamos a los productores afectados que han sido víctimas de avasallamiento y otros delitos por personas inescrupulosas, quienes de forma violenta ingresan a los predios causando daños materiales, personales y hechos delictivos”, dice parte del comunicado.
Los cañeros lamentaron “la evidente falta de orden de las autoridades, quienes tienen la obligación hacer cumplir las leyes dentro del estado de derecho”.
“Exhortamos al Gobierno nacional y a las autoridades correspondientes solucionar de manera inmediata estos hechos administrando justicia, siendo necesario el uso de la fuerza pública”, señala otro apartado del comunicado.
Los cañeros solicitaron expresamente que se “devuelva la seguridad jurídica a las zonas afectadas y se tomen severas represalias contra los autores de estos hechos que afectan en gran medida a la tranquilidad pública y productividad de la zona”.
“Por todo lo antes expuesto, nos declaramos en estado de emergencia y brindamos todo nuestro apoyo a los productores afectados, dando un plazo prudente para obtener una respuesta por parte del Gobierno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia y de las autoridades de turno, caso contrario nos veremos en la obligación de ejercer nuestro derecho a la protesta, tomando acciones más drásticas para hacer valer nuestros derechos”, finaliza el comunicado.
En la vispera, Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue crítico con el desempeño de la justicia, que ante la falta de un trabajo más firme, va consolidando la impunidad en el avasallamiento o tráfico de tierras.
«Los avasalladores, lo único que hacen es causar zozobra entre los productores, no miden consecuencias porque hemos visto gente secuestrada. Incluso, en Pando, una persona perdió la vida; y en Cochabamba mantienen secuestradas las unidades productivas lecheras”, observó.
En un comunicado escueto la dirección departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, sostuvo que el predio El Trébol, avasallado el 2 de diciembre de 2022, se encuentra legalmente saneado y titulado y que ante esta situación el INRA coadyuvará con las instancias competentes (Juzgado Agroambiental, Ministerio Público y Policía) brindando la información que sea requerida.
