Luego de 36 días de paro, de reconocer que es “insostenible” el Censo el año 2023 y de que se aprobó el proyecto Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, el Comité Pro Santa Cruz declaró este sábado un cuarto intermedio en su medida de presión.
El anuncio lo hizo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, junto con el titular del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, y otros dirigentes, y sin la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho.
“A partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos, sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia. Sepamos administrar nuestra victoria en beneficio de todos”, dijo Calvo, quien se limitó a leer un escrito durante su declaración a la prensa en las puertas de su casa.
La decisión fue asumida luego de que, en horas de la madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral.
La iniciativa tiene un artículo único: “Artículo Único. I. En base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024”.
“II. El INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
La propuesta, impulsada por el MAS-IPSP y que fue ajustada en la Comisión de Constitución con los legisladores de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, recoge los contenidos del Decreto Supremo 4824 que aprobó el Gobierno nacional y que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda y la distribución de los ingresos por coparticipación para el mes de septiembre del mismo año.
El Gobierno también se comprometió a entregar al Órgano Electoral en septiembre de 2024 los datos censales para la reasignación de los escaños legislativos.
Las opositoras de Creemos y Comunidad Ciudadana retrocedieron en su decisión de exigir un Censo en 2023, luego que el gobernador, Fernando Camacho; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; y los cívicos admitieran que no era viable ejecutar el proceso el año 2023 y optaron por respaldar la propuesta del Gobierno, que había sido presentada el 22 de octubre, en el primer día del paro indefinido.
Ahora, el proyecto de ley fue remitido al Senado, donde también deberá pasar por una comisión y luego al plenario. Por el momento, no hay una convocatoria a sesión.
Horas antes, el portavoz presidencial Jorge Richter instó a los dirigentes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz a dar una muestra de que no son violentos levantando el paro indefinido que en su desarrollo provocó al menos cuatro fallecidos, cientos de violaciones a los derechos humanos, actos de racismo en contra de poblaciones urbanas y pueblos indígenas y una pérdida superior a los $us 1.000 millones.
