“La Defensoría del Pueblo reconoce que toda manifestación social es legítima, sin embargo, rechaza la intransigencia de los actores del conflicto al mantener los puntos de bloqueo, que por las noches se convierten en puntos de inseguridad ciudadana”, señala la institución defensorial.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que, tras 27 días de paro indefinido en Santa Cruz, las las manifestaciones y protestas sociales en la región cruceña “dejan impunes casos de violencia intrafamiliar, agresiones y lesiones físicas, agresiones sexuales, robos agravados, entre otros delitos, por falta de denuncia o investigación de oficio”.
“La Defensoría del Pueblo reconoce que toda manifestación social es legítima, sin embargo, rechaza la intransigencia de los actores del conflicto al mantener los puntos de bloqueo, que por las noches se convierten en puntos de inseguridad ciudadana”, señala la institución.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhortó, primero, a la Policía Boliviana, encargada del orden público,” a desarrollar su labor en el marco de la legalidad, proporcionalidad y necesidad; asimismo, a precautelar la integridad de sus miembros y, fundamentalmente, de las y los ciudadanos”.
De la misma manera, llama a la Asamblea Legislativa Plurinacional a cumplir su rol en el marco del conflicto del Censo.
“También pide a los actores sociales no incurrir en hechos de violencia en el ejercicio de su derecho a la protesta”, añade el texto.
En su comunicado, la Defensoría se refiere a dos casos de violencia que sucedieron durante el paro cruceño.
Primero, lamentó la afectación a una bebé de 11 meses, cuya vida se puso en riesgo, producto de enfrentamientos entre grupos de personas y el uso indiscriminado de agentes químicos en la zona del Plan 3.000, la pasada jornada en horas de la madrugada, donde se registraron nuevos casos de violencia e inseguridad ciudadana.
Asimismo, añade, se reportó el caso de un hombre de 34 años quien fue herido en la mano izquierda, además de la denuncia de vecinos sobre saqueos a negocios locales.
“La Defensoría del Pueblo, nuevamente, convoca a los tomadores de decisión adoptar acuerdos en vía de soluciones para la conclusión de las medidas de presión que agobian a los pobladores de la región y general un impacto en el desarrollo económico y social del país”, concluye el comunicado.
