Los pueblos indígenas consiguieron anular un punto del acuerdo entre el Gobierno y cooperativistas y les restringen el ingreso a áreas protegidas. Sin embargo, denuncian que ya están trabajando en Apolo.
“En Apolo se está produciendo minería ilegal y deberían poner orden, aprehender a los dirigentes y actores que están iniciando actividades ilegales. Además, están dividiendo las organizaciones, comunidades y así operan las actividades mineras ilegales. Nosotros no queremos que lleguen a las comunidades indígenas”, declaró Lino Illimuri, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).
“Nosotros no queremos minería en el parque nacional y los cooperativistas están pactando con los campesinos en Apolo. Además, las comunidades campesinas se convierten en actores mineros, pero eso no les da derecho a que nos contamine a nosotros. Vamos a seguir peleando y el Gobierno debe tomar cartas en el asunto”, agregó el dirigente.
El dirigente indígena aseguró que en parte de Apolo se hacen actividades mineras de “forma ilegal”. “Están trabajando en Asariama y otras comunidades campesinas dentro del Parque Nacional Madidi. Están operando sobre las riberas del río Tuichi”, afirmó.
Gonzalo Oliver, presidente de la Cpilap, dijo que tienen conocimiento de “minería ilegal” en las comunidades campesinas. “Lo que pedimos es que el Gobierno los desaloje e inicie los procesos contra estas personas que están haciendo un aprovechamiento ilegal. Eso también nos va a afectar porque piensan hacer minería en la cuenca alta del río Tuichi y en la parte baja hay comunidades de tacanas, uchupiamonas, y la afectación es directa”, afirmó.
Oliver dijo que recibieron denuncias y vieron fotografías de la maquinaria de los cooperativistas en el Parque Madidi en zonas donde se encuentran las comunidades campesinas. “Se propicia minería ilegal dentro del parque y la afectación por el mercurio es directa hacia nosotros”.
Ante esta situación los indígenas mantienen su estado de emergencia. “Vimos pronunciamientos de que los cooperativistas insisten en abrir la norma para facilitar su ingreso al parque. Nosotros estamos alertas y en emergencia. Ello implica que cada TCO (Tierra Comunitaria de Origen) hace un seguimiento, vigilancia y control para poner en alerta sobre algún ingreso ilegal al parque”, dijo.
Illimuri, por su parte, dijo que su pueblo también mantiene el estado de emergencia. “Nos estamos organizando para hacer resistencia y estamos cerrando todos los ingresos al territorio, hacemos un control territorial de la ribera del río. Esto lo hacemos porque estamos en el límite con Asariama (donde hay actividad minera) en la parte alta del río Tuichi”.
El dirigente teme que los cooperativistas ingresen a su comunidad. “Pedimos a los hermanos campesinos de Apolo reflexionar y tomar conciencia del daño ambiental que van a ocasionar. No son los mineros que se van a perjudicar; ellos vienen, destruyen todo y quienes nos quedamos somos las comunidades campesinas e indígenas”.
El convenio, suscrito la anterior semana entre el Gobierno y los indígenas, establece que se anula “en su totalidad los puntos del acta suscrita entre las autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, Sernap, director departamental de ABT y Fecoman, que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas”.
El documento tiene siete puntos, en los que también se solicita al Gobierno cumplir la Constitución Política del Estado y la normativa vigente en temas que “afecten derechos territoriales, ambientales y humanos”. El documento firmado la madrugada del 27 de octubre formaba parte del pliego por el cual los mineros auríferos colapsaron La Paz dos días y viabiliza su ingreso a las áreas protegidas.
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (Fecoman), Ramiro Balmaceda, dijo que no se afectan territorios de los indígenas. “Nosotros ya impulsamos (la explotación minera) en áreas preconstituidas. Estos son sectores tramitados y que nos fueron dotados antes de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 535 (de Minería y Metalurgia)”, afirmó.
El dirigente cooperativista dijo que tienen áreas “preconstituidas” en Apolo. “Hemos tenido mesas de trabajo, donde deberíamos seguir avanzando en el tratamiento de 33 áreas”, precisó. Cuando se le consultó si el acuerdo entre el Gobierno e indígenas los obligaría a salir de Apolo, respondió que “de alguna manera”.
“Por ejemplo, en el sector de Tuichi, muchos compañeros comunarios y originarios se volvieron cooperativistas. Ellos mismos manifestaban que habitaban y coexistían hace mucho tiempo en esa zona antes de ser declaradas áreas protegidas. Dijeron que son perjudicados en educación porque no hay escuelas, no hay apertura de caminos y viven en el atraso”.
El dirigente minero dijo que emitirán un pronunciamiento de su ente matriz (Fecmabol) sobre la anulación de uno de los puntos de su acuerdo. “De manera responsable entramos en este acuerdo y no nos estamos pronunciando con nuestro ente matriz, debíamos hacerlo el jueves, pero entiendo que la siguiente semana nos reuniremos y emitiremos una declaración.
Incluso, denunció que hay intereses particulares en la anulación de su acuerdo con el Gobierno. “Hay compañeros que no figuran como actores, pero tienen la intención de trabajar en estos sectores porque hay oro en cantidad. Hay intereses particulares y nosotros estamos investigando a las personas que han esto estas reuniones. Nosotros tenemos información de que hay intereses incluso políticos en el sector”, dijo.
Tal acusación fue descartada por los dirigentes indígenas, como dijo Illimuri. “Eso es falso, ningún indígena fue a explotar minería a Guanay, Mapiri o fue a destruir el río Mapiri para decir que los indígenas quieren agarrarse el río Tuichi. Ellos deberían dejar el río en manos de los que siempre lo cuidamos”, dijo.
El dirigente, incluso, los acusó de destruir el río La Paz, Coroico y Mapiri. “Ahora quieren entrar al Madidi y destruir uno de los ríos más importantes y de agua dulce, como es el Tuichi. Mi comunidad toma el agua de este río para el consumo. Van a las comunidades y prometen desarrollo con la minería, eso es mentira. Vimos lo mal que quedaron los pueblos tras la minería, como Larecaja. Las comunidades quedaron vacías porque los cooperativistas no se quedan a vivir ahí, las abandonan”.
El 85% de las cooperativas son ilegales
El 85% de las cooperativas auríferas trabajan de forma ilegal, pero el sector acusa de “burocracia” a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no dar las autorizaciones a su debido tiempo.
“El 15% de las cooperativas tienen licencia y el restante operan ilegalmente, pero con autorización del Gobierno. No hay un control que obligue a las cooperativas a presentar su licencia ambiental antes de iniciar operaciones. Las cooperativas firman un compromiso para entregar esta información, pero no lo cumplen. Como resultado más del 85% de las cooperativas operan sin licencia ambiental”, declaró el analista minero Héctor Córdova.
El profesional explicó la Ley 1333 y el reglamento específico para el sector minero establecen la obligatoriedad de tener licencia ambiental para iniciar operaciones, pero muchas de estas cooperativas comienzan a trabajar sin cumplir este requisito.
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (Fecoman), Ramiro Balmaceda, explicó que en muchos sectores están trabajando los “barranquilleros” o “ilegales” que no tienen contratos, pese a no estar en áreas protegidas y cumplir con todas las disposiciones.
“Son ilegales por la burocracia en la AJAM. Hay trámites del 2016 e incluso del 2012. Ellos no están en áreas protegidas, pero no pueden obtener sus contratos administrativos por problemas en la entidad”, afirmó.
“Todo ello nos perjudica -agregó el dirigente- y algunos están en la obligación de hacer cooperativismo ilegal para tener recursos. Nosotros planteamos que las cooperativas ilegales sean legales. Queremos aportar, nosotros pagaremos al régimen impositivo y entramos a un acuerdo”, afirmó.
Ese acuerdo le obliga a pagar un 4,8% de la importación de los minerales cuando el Gobierno pretendía que este tributo sea del 11%.
