Con dos cuartos intermedios, culpas cruzadas en torno a agresiones y el fallecimiento de un hombre, finalmente no hubo acuerdo entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional por el Censo, en Santa Cruz. El paro en el oriente sigue e ingresa hoy a su segundo día.
El consenso no llegó, pese a que existieron luces de acercamiento y de “coincidencias”, según calificaron los protagonistas. En el camino surgieron dos propuestas.
Por el lado del Gobierno, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, habló de una “normativa complementaria”, con miras a que la fecha de la consulta sea definida por equipos técnicos.
“Esta propuesta que le entregamos al rector (de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar) establece que el empadronamiento del Censo sea ejecutado por el INE (Instituto Nacional de Estadística), en fecha que sea determinada, producto del trabajo técnico bajo la dirección del INE con la participación de universidades públicas, organizaciones internacionales, en un plazo no mayor a 30 días calendario”, explicó Prada.
Por el lado del Comité plantearon un decreto y la necesidad de agilizar la fecha del Censo, para 2023, en la mesa de ayer.
Ello no fue aceptado por el Gobierno. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, se retiró, dejando en claro que “el período de las mesas técnicas ya pasó”. “Cualquier propuesta que salga de 2023 seria faltar al compromiso del mandato que nos dio un cabildo multitudinario. De ahí para adelante, los técnicos pueden ajustar, sin ningún problema, pero que en el año 2023 se lleve (adelante)”.
Prada acusó a los que se retiraron de ser “responsables” de lo que pase en las calles.
“Hubo un muerto que fue asesinado por querer trabajar”, recordó, en alusión a la baja de Julio Pablo Taborga, el hombre de 47 años que perdió la vida en el inicio del paro, en Puerto Quijarro.
