La Gestora Pública inició el registro de nuevos asegurados y empleadores en el SIP el 9 de septiembre del presente año y desde esa fecha hasta el 30 de ese mes reportó 1.684 registros concretados.
Según datos de la Gestora, el primer candado establece que los aportes son patrimonios autónomos, el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar la pensión de jubilación.
El segundo implica que los aportes están fiscalizados permanente por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
El tercero significa que los aportes están sujetos a control social, apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas.
El cuarto establece que los aportes son controlados por el jubilado, como asegurado. Únicamente el beneficiario puede acceder a sus recursos cuando tramite su pensión de jubilación.
El quinto se refiere a que los aportes son sometidos a una auditoría externa, además de auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes que deben ser presentadas a la Presidencia del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Contraloría General del Estado (CGE) y deben ser publicadas a través de todos los medios de difusión.
La Gestora Pública inició el registro de nuevos asegurados y empleadores en el SIP el 9 de septiembre del presente año y desde esa fecha hasta el 30 de ese mes reportó 1.684 registros concretados.
En declaraciones anteriores, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, aseguró que “con esta entidad los aportes para la jubilación están más seguros que con una empresa privada”, por los diferentes controles de regulación y fiscalización.
