Una denuncia pública cita a 10 uniformados presuntamente vinculados en una cadena que llegaría incluso a altos mandos. El director de Recaudaciones rechaza las acusaciones y las tilda de “cobardes”.
En respuesta, el responsable de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudación de la Policía Boliviana, Juan Carlos Mercado Heredia, rechazó las denuncias, desestimó su validez por tratarse de acusaciones anónimas y las tildó de “cobardes” porque, según su criterio, buscan incomodar a la institución y surgen después de que su autoridad dispuso cambios en el personal policial en los puntos de inspección a raíz de quejas y denuncias de la población.
Acusaciones
“Esa Dirección de Inspección Técnica Vehicular debería desaparecer por la gran corrupción que existe, empezando desde el Comandante (de la Policía), director nacional, director departamental, regional. Es una red que viene desde arriba y es algo que todos (los policías) conocen”, declaró a Página Siete un servidor policial que, por temor a represalias de sus superiores, pidió reserva.
La denuncia de los policías de base no sólo es verbal, también es escrita mediante una nota rotulada como “Denuncia a la opinión pública gestión 2022” y ésta va dirigida al comandante de la Policía Boliviana, Orlando Ponce, y al inspector general, Augusto Russo, entre otros jefes policiales.
En la denuncia de tres páginas a la que Página Siete accedió, se señala que con la llegada de la ITV de esta gestión también se registran “cobros irregulares por los directores” de Recaudaciones y que éstos “usan al personal subalterno” para estos cobros ilegales internos y que se valen de “sus propios camaradas”.
“El señor sargento mayor Marco L.C., encargado de grúas en El Alto, quien en días pasados cobró la suma de dos mil dólares americanos a todo aquel funcionario (policial) que desee ocupar un punto de inspección técnica vehicular tanto en la ciudad de El Alto como en la ciudad de La Paz, monto que justifica de la siguiente manera: 1.500 dólares para el actual director nacional Cnl. J.C.M.H. y 500 dólares para el director regional Tcnl. J.L.M.R.”, dice parte de la denuncia.
La denuncia pública hace énfasis en que existe una red interna de cobros ilegales y que controlaría cada punto de ITV entre las ciudades de La Paz y El Alto en el que también estarían involucrados el sargento mayor Néstor L.C.,una sargento de apellido Bautista, un suboficial Donato Q.R., el subteniente Efraín R. N. y un capitán Medina.
“Este clan, porque no hay otra manera de nombrarlos, intercambian los puestos como encargados tanto en de grúas de La Paz, El Alto. Revisando los memorandos de designación se puede confirmar que se quedan en estos puestos por dos a tres años (…) (con) el dinero que extorsionan a la población, llega un nuevo director y son los primeros en pedir entrevista y van con fuertes sumas de dinero a congraciarse y así poder ganar confianza y favoritismo”, se lee también en la denuncia.
“Recaudaciones”
Otro servidor policial relató que, por ejemplo, si en un punto de ITV se inspeccionan unos 100 vehículos, en el sistema digital debe aparecer la misma cantidad. “Entonces el comandante regional cuenta y en su sistema sabe cuántos vehículos han inspeccionado y suma, y si digamos son 100 vehículos por cada uno hay que pagar 15 bolivianos. Por eso en los puntos de inspección, los mecánicos están obligados a buscar fallitas en detalles como material del botiquín, freno de mano o herramientas”, dijo.
El monto que presuntamente “cobran” los policías que están en los puntos de ITV, por cada vehículo va desde los 20 hasta 50 bolivianos, dependiendo del motorizado o del dueño que esté dispuesto a dar esa suma para liberarse cuanto antes del trámite, según el testimonio de uno de los servidores públicos.
Inspección a detalle del motor del vehículo y partes internas.
Más versiones
Otro policía aseguró a este impreso que los cobros internos son un “secreto a voces” en la entidad del orden y que no son recientes, que cada año en el período de la ITV que normalmente es entre septiembre y diciembre, existen estos hechos.
“Cada año se incrementan los cobros. Antes dependía de cada uno, pero ahora ya hay un cupo. Anteriormente eran cinco bolivianos por auto, ahora mínimo son 20 bolivianos. Por ejemplo, al tesorero por roseta hay darle dos bolivianos sí o sí y eso es aparte del dinero que es para el director. Pero esas rosetas son gratuitas, al tesorero nadie le cobra pero nosotros tenemos que darle a él. Así es la política de la corrupción”, señala el oficial.
Según ese testimonio, cuando llega la fase de ITV, “la idea no siempre parte de los coroneles. La idea de cómo trabajar viene de nosotros, de los sargentos, de los oficiales y me presento ante mi coronel y por hacerme querer le dijo ‘mi coronel, este año podemos trabajar así: yo quiero reportar por vehículo (inspeccionado) 20 bolivianos’. Y para conseguir ese dinero tienes que extorsionar a los (propietarios de) autos y la ciudadanía en su mayoría ya sabe todo esto. Cuando vienen al punto de inspección nos dicen: ‘oficial, ¿me lo hace (revisa)? Ya sé cuánto es’, nos dicen y te alcanzan junto a sus documentos 50 bolivianos”, asegura el policía de base.
En la denuncia pública sobre el hecho también adjuntan la circular 061/ 2022 que, en su primer punto, dispone la “prohibición de cualquier cobro adicional o extraoficial al valor del certificado de Inspección Técnica Vehicular o recibir dádivas por el servicio brindado”.
Los servidores públicos que denuncian estos hechos de forma pública y escrita aseguran que ya es de conocimiento del general Ponce, comandante de la Policía; sin embargo, la autoridad hasta la fecha no dijo nada al respecto. También aseguraron que la “red de corrupción” por la ITV es grande e involucra a varios estamentos de la entidad del orden a nivel nacional y por eso no se hace ni se dice nada al respecto.
En un anterior reporte de este impreso se difundieron las quejas y denuncias de los ciudadanos propietarios de un vehículo y que tienen que acudir a un punto de ITV para cumplir este requisito. Ellos aseguran que deben pasar un “calvario” para lograr la roseta que garantice que su motorizado está en buenas condiciones, pero ante las trabas o exigencias “que se inventan”, las personas se ven “obligadas” a dar a los policías algún monto de dinero.
“Me vi obligado a convencerlos con 20 bolivianos, porque me habría seguido pidiendo cualquier cosa, tal vez un colchón inflable o cualquier otra ridiculez que justifique su corrupción”, dijo el propietario de una motocicleta.
Con todo, los mismos servidores de la entidad del orden que denuncian estos hechos admitieron haber sido o ser actualmente parte de estas irregularidades; dicen que también lo hacen por “necesidad” para paliar en alguna forma “los bajos salarios” que reciben del Estado.
Mercado rechaza denuncia y asegura transparencia
Página Siete se contactó con Juan Carlos Mercado, el responsable de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudación de la Policía Boliviana, cuyo nombre figura en la denuncia. La autoridad policial no mostró sorpresa ante la consulta de este impreso, pero sí incomodidad; aseguró que esas denuncias son falsas, no tienen fundamento porque son anónimas, tratan de dañar la imagen de las personas y apuntó a que surgieron de los policías que fueron removidos de esos cargos tras las denuncias de irregularidades que presentó la ciudadanía.
Es más, el coronel Mercado envió a este impreso una copia de la segunda parte de la denuncia de los policías. En el escrito, se insiste en los mismos cargos y se apunta a bandos medios y suboficiales que estarían a cargo de los presuntos cobros irregulares. Ya no se menciona a los jefes policiales.
“Para empezar, esa denuncia no tiene firma. Si yo soy denunciante, voy a dar la cara y voy a mostrar con pruebas fehacientes de que evidentemente hay manejos irregulares al interior (…) Si se realizarían los cobros en algún punto son intuito persona y para evitar estos hechos, hice habilitar en cada departamento carpetas para que cualquier ciudadano que se vea obligado a dar alguna dádiva o dinero, que haga las denuncias. Dónde más podemos ser transparentes, si en cada punto hay banners para que el ciudadano con su celular active el código QR, haga su denuncia en nuestra plataforma con nombre y apellido”, afirmó Mercado.
El jefe policial atribuyó estas denuncias a una posible “venganza” de los servidores del orden que habrían sido cambiados de los puntos de ITV tras las denuncias de la población de que se estarían cometiendo cobros irregulares. “Han visto la forma de indisponerme o vengarse porque los he cambiado a esos ciudadanos que estaban cometiendo ciertas irregularidades en esos puntos”.
Otra hipótesis que maneja Mercado es que las denuncias en su contra provienen de policías que no fueron elegidos para hacer el trabajo en uno de los puntos de ITV. “Ha sido una selección natural. En la Unipol han pasado clases para mecánica y han tenido que cumplir una serie de requisitos. Al no haberse considerado a algunos, salen este tipo de denuncias”.
Mercado recordó que el ciudadano que tenga su vehículo y deba cumplir con el requisito de la ITV debe pagar un monto de 20 bolivianos, si pertenece al transporte público; y 30 bolivianos si es particular, dinero que puede pagar mediante una transferencia bancaria, billetera móvil o con una QR.
“La persona ni siquiera necesita llevar dinero al banco y les decimos a los funcionarios policiales ‘no se ve dinero, el dinero se lo deposita en el banco’ y la persona va con el comprobante que ha pagado su Inspección Técnica Vehicular y se procede al chequeo mecánico”, explicó.
Según el cronograma oficial, la ITV 2022 se inició el 5 septiembre y terminará el 17 de diciembre, tarea que está a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana, que este año habilitó 148 puntos de inspección en todo el país, 11 de ellos ubicados en El Alto y 19 en La Paz.
