El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, firmó anoche un acuerdo con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y los sindicatos de las empresas mineras para revisar el decreto que causó el bloqueo de la carretera La Paz – Oruro.
De esta manera desactivó uno de los conflictos que afronta pero están activas al menos otras tres demandas.
El Gobierno se comprometió a modificar algunos artículos del decreto supremo 4783 que establece la transferencia de las utilidades de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN) mientras los mineros movilizados anunciaron que levantarán todas las medidas de presión.
El segundo punto del acta de acuerdo firmado esta noche establece “la emisión de un nuevo decreto supremo consensuado con los trabajadores que deroga y reemplaza los artículos observados por los mismos al Decreto Supremo 4783 referidos a las empresas estatales”.
Los mineros de la Empresa Minera Colquiri expresaron que el decreto 4783 arrebataría el 100% de las utilidades a favor del TGN y esa compañía se quedaría sin inyección de capital y otros recursos para su funcionamiento. El Gobierno argumentó que se trata de una interpretación errónea.
Los trabajadores del subsuelo acordaron el bloqueo en la carretera La Paz – Oruro y generó pérdidas económicas y perjuicios a la ciudadanía hasta que aceptaron reunirse junto a la COB y la FSTMB, entidades matrices de los trabajadores y afines al partido.
“Ponchos rojos”
El gobierno de Luis Arce mantiene latente otro conflicto con sus otrora aliados: los “ponchos rojos” de la provincia Omasuyos. Éstos denuncian el abandono del Estado pese a que dieron su apoyo durante 14 años al MAS.
Ayer protagonizaron una caminata desde la ciudad de El Alto hasta el centro de La Paz exigiendo la atención de al menos 41 demandas, entre ellas el funcionamiento de un “cuartel indígena-militar”, proyectos de desarrollo, entre otros.
Los exaliados o al menos ahora disidentes dieron ayer un plazo de 72 horas al presidente Arce para que acepte una reunión para discutir el pliego petitorio.
«Si hasta el día viernes, sábado no tenemos ninguna respuesta del Gobierno, el día lunes entramos en acción, pero en este momento no vamos a decir qué acción, porque el enemigo se prepara cuando le avisas», advirtió el dirigente del sector, Ruddy Condori.
La conminatoria surgió después de que la Policía evitó el ingreso de los «ponchos rojos» a la plaza Murillo y después de que el viceministro Juan Villca se comprometió a entregar la respuesta de Arce al pliego en menos de media hora.
Tras realizar dicha promesa, Villa no volvió a aparecer y esto fue considerado como una burla por los manifestantes.
Los maestros contra la Gestora
Los trabajadores de la educación también inició protestas en contra del traspaso de los fondos de jubilación y pensiones a la Gestora, administrada por el Gobierno.
Los profesores protagonizaron ayer en La Paz el llamado «bloqueo de las mil esquinas» para exigir la abrogación del decreto supremo 4716 y otras medidas que afectarían a los aportes de los trabajadores del país.
El sector desconfía del Gobierno porque tendrá en sus manos la administración de la Gestora Pública y podría recurrir a esos fondos para paliar la crisis económica.
El decreto en cuestión señala que «las utilidades que genere la Gestora por las actividades de administración, serán destinadas conforme a reglamentación emitida por el Directorio, debiendo considerar previamente las reinversiones necesarias e inversiones tanto en infraestructura, en la operativa administrativa, en sistemas u otra necesaria para su desenvolvimiento, cumplir las obligaciones con el Tesoro General de la Nación – TGN y constituir la Reserva Legal; asimismo, podrán ser transferidas al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez».
Un paro indefinido por el censo
Otro frente de conflicto abierto es el censo nacional de población y vivienda que fue postergado por el Gobierno central hasta 2024 pese a que sus autoridades garantizaron su realización para noviembre de este año.
Entidades que conforman el comité interinstitucional de Santa Cruz determinaron no asistir a una convocatoria a una mesa técnica del Gobierno central hasta que Luis Arce anule el decreto que establece que la actividad estadísticas se realizará en 2024.
Además está en curso la amenaza de un paro indefinido si el Gobierno no define la fecha del censo para el próximo año hasta el 22 de este mes.
El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, lamentó la actitud del Gobierno que después de «mentir» y «menospreciar» a las instituciones de esa región ahora demanda «reflexión».
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, desechó la propuesta técnica de la universidad pública Gabriel René Moreno de realizar el censo en 2023 arguyendo que se trata de una «propuesta política».
Desde Casa Grande del Pueblo argumentan hasta ahora que es «imposible» realizar el censo en 2023 pese a que estaba garantizado para noviembre de este año.
