Se advierte una pugna interna dentro del gobernante MAS entre al menos tres corrientes: una del “ala dura” con allegados a Evo Morales; otra correspondiente al presidente Luis Arce; y la última del vicepresidente David Choquehuanca.
En las últimas semanas, al menos cuatro hechos desataron pugnas públicas dentro del MAS. Autoridades y representantes de ese frente expresaron posiciones encontradas respecto a la corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al informe de la CIDH sobre el caso Terrorismo, a la renovación de dirigentes y al audio que revela una coordinación para designar jueces.
Este año se informó que hay una pugna interna dentro del MAS entre al menos tres corrientes: una del “ala dura” con allegados al expresidente Evo Morales; otra correspondiente al presidente Luis Arce; y la última del vicepresidente David Choquehuanca. Esta pelea interna fue negada desde dentro del MAS, frente que protagonizó marchas y reuniones de líderes para demostrar unidad.
Sin embargo, uno de los hechos que empezó a mostrar las pugnas en el MAS, ya de forma pública, es la denuncia de corrupción en la ABC, por un presunto cobro de más de 18 millones de bolivianos a la empresa china Harbour para la adjudicación de la obra caminera Sucre – Yamparárez. La denuncia fue formulada por el diputado oficialista Héctor Arce, quien en reiteradas oportunidades defendió a Morales.
Por este hecho, Arce pidió inclusive la renuncia del presidente de la ABC, Henry Nina, quien además es dirigente de la confederación nacional de interculturales. También se exigió una investigación al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por ser cabeza del sector, autoridad que expresó su predisposición a someterse a una pesquisa.
Desde el Gobierno del presidente Luis Arce se admitió irregularidades en la adjudicación de la obra caminera. No obstante, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que esa empresa china ejecutó otras cinco obras en el gobierno de Morales, de las que actualmente tiene dos obras en curso.
Posteriormente, durante la segunda quincena de septiembre, se filtró el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asalto al hotel Las Américas en 2009, durante el gobierno de Morales, un hecho que dio curso a la apertura del caso Terrorismo, por la presunta existencia de un grupo irregular que planificaba un magnicidio y una acción separatista.
El informe de la CIDH estableció que en el ataque en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas, debido a que tres personas fueron abatidas a tiros y otras dos fueron detenidas. Por ese motivo instó al pago de resarcimiento a víctimas y al inicio de procesos en contra de los responsables.
Morales fue identificado principalmente por la oposición por haber admitido en Venezuela, horas después del asalto, que dio “instrucciones precisas” para que se lleve adelante el operativo contra la presunta célula irregular.Respecto a ese informe se expresaron posiciones encontradas entre altas autoridades. Por ejemplo, el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien fue abogado de Morales, afirmó que ese informe no tiene carácter vinculante.
Sin embargo, posteriormente, el Ministro de Justicia, contrariamente a lo expresado por Chávez, sostuvo que el informe de la CIDH es vinculante y de cumplimiento obligatorio dentro de un plazo establecido.
Otras discrepancias que muestran la pugna en el MAS es el apoyo a que Morales sea procesado por ese hecho, una posición que fue respaldada por los asambleístas oficialistas Rolando Cuéllar y Andrés Flores.
En el otro extremo, Chávez y diputados allegados a Morales, como Arce y Juanito Angulo, rechazaron la apertura de un proceso en contra de Morales, debido a que el informe no identifica a personas.
El mismo Morales denunció públicamente que el informe de la CIDH, que es reservado, fue filtrado por el Ministro de Justicia, quien en su respuesta sostuvo que es “irresponsable” hacer esa afirmación.
El otro hecho que desató pugnas públicas es el pedido de renovación de la dirigencia del MAS. En esta vía se encuentran principalmente el diputado Cuéllar y la dirigente Angélica Ponce, quienes fueron expulsados del frente político por su pedido.
Al respecto, Morales afirmó esta semana que con el pretexto de pedir renovación dentro del MAS, se busca “enfrentar a jóvenes con viejitos”.
En criterio del expresidente, se debe eliminar dentro del MAS ese enfrentamiento, debido a que tanto en jóvenes como en viejitos hay buenos y malos militantes.
Advirtió que la mejor manera de apoyar a la gestión del presidente Luis Arce es erradicar a los corruptos de la administración pública, donde incluso siguen trabajando “pititas”, personas que protestaron y lograron su renuncia en 2019, tras acusarlo de cometer un fraude electoral.
El otro hecho que desató pugnas públicas en el MAS es el audio revelado el fin de semana, en el que presuntamente se escucha al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, coordinar con diputados y dirigentes del MAS el nombramiento de jueces.
El Ministro de Justicia anunció una investigación por este audio, pero afirmó que el “delito más grave” lo cometió el diputado Antonio Colque (MAS), quien grabó la conversación y lo tergiversó para difundirlo.
“Lamento mucho que el Ministerio de Justicia se convierta en una fiscalía paralela para manipular políticamente. Trató de encubrir la corrupción en ABC y hace lo mismo con la denuncia de cuoteo en la justicia. Pero contra el MAS-IPSP usa cartas falsas para tratar de proscribirnos”, escribió este miércoles Morales en su cuenta de Twitter cuando cuestionó el trabajo de Lima.
“Cuando filtran un informe confidencial de la CIDH a El Deber para atacarnos, se esconden en el secreto de fuente. Pero cuando se difunden audios de repartija de cargos en la justicia, hacen amenazar con juicios. No hay reforma judicial, solo evidencias de cuoteo judicial”, acotó Morales en la red social.
