El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Oscar Campanini, insistió sobre las graves consecuencias del uso del mercurio en Bolivia. La pasada semana en la ONU se presentó un informe temático
El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Oscar Campanini, alertó que el Estado boliviano incumple de manera sistemática el convenio de Minamata, primero porque no regula la importación del mercurio, y, segundo, porque no tiene un plan de acción nacional para reducir este metal.
Hay dos aspectos que “desafortunadamente” destacan a Bolivia en esta temática. Uno de ellos está relacionado a que el país es el principal importador del mercurio a nivel mundial, sin que existan medidas que regulen el ingreso de grandes cantidades del metal.
“Bolivia es uno de los países importadores de mercurio en todo el mundo, desde el 2015 se han disparado las importaciones y cada año está entre el número uno y el número dos. (…) Esta importación se hace de forma legal”, sostuvo Campanini a la ANF.
Las grandes cantidades de mercurio que ingresan al país sin ningún tipo de control no se quedan en Bolivia, sino que salen a otros países vecinos de la región que están tomando medidas legales y prácticas para eliminar y reducir el mercurio en sus países.
“Entonces, Bolivia está jugando un desafortunado rol no solo en el país, sino en el continente, perjudicando los esfuerzos que los países vecinos realizan para controlar el mercurio”, comentó.
El segundo tema en el que destaca el país son los impactos generados por el uso del mercurio, es el caso del pueblo indígena Esse Ejja, uno de los pueblos más marginados y pobres; tradicionalmente habitan en las riberas de los ríos en los departamentos de Pando y La Paz.
De acuerdo a estudios este pueblo tiene “afectaciones importantes en la salud” a causa del consumo de pescado que es la base de su alimentación, pescado de ríos contaminados con mercurio.
“Diferentes estudios académicos mostraron que eso se estaba incrementando, el último estudio que se publicó en 2019 da cuenta que está en nueve partes por millón, y hay casos de hasta 30 partes por millón”, precisa Campanini.
Cantidades que sobrepasan lo que el cuerpo puede tolerar, según diferentes versiones lo máximo es una parte por millón, hay una alta probabilidad de que el cuerpo empiece a ser dañado en los riñones y el sistema nervioso; en especial es nefasto en el desarrollo de los niños y niñas.
Esta pasada semana el relator Especial de Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, presentó en el Consejo de Derechos Humanos su informe temático sobre el mercurio en la minería aurífera a pequeña escala, sus impactos y consecuencias globales. Comentó la situación específica del pueblo Esse Ejja en Bolivia.
Al respecto, Campanini comentó que los altos niveles de mercurio en el cuerpo de los Esse Ejja ha sido corroborado en un trabajo coordinado que hizo el CEDIB con la Universidad de Cartagena de Colombia y una organización social de resistencias, “los niveles están por nueve partes por millón, existen casos de hasta más de 27 partes por millón”.
Una de las principales preocupaciones y alarmas es que los niños de menos de un año, cuatro y cinco años tienen hasta 14 o 15 partes por millón, entonces estos niños tienen algún grado de afectación o van a tener cuando sigan creciendo.
Pero el impacto del mercurio no se limita a las regiones distantes a las ciudades, Campanini manifestó que el problema está muy cerca, por ejemplo, en el pescado que se vende en las ciudades, o cuando los mineros queman el mercurio con boro para venderlo en la ciudad de La Paz. Esto debería llamar la atención de las autoridades de todos los niveles de gobierno, sostuvo.
¿Qué está haciendo el Gobierno?
El director del CEDIB es crítico, porque el Gobierno boliviano ratificó en 2015 el convenio de Minamata, sin embargo, ese año se dispararon las importaciones de mercurio y a partir de ese momento Bolivia se convierte en uno de los principales países importadores de este metal.
Dicho convenio prevé que los países suscriptores deben elaborar planes nacionales de acción para que progresivamente eliminen el uso del mercurio, se establece tres años desde la notificación. En el caso boliviano se cumplió en mayo de 2022
Lamenta que a la fecha el Gobierno “no ha iniciado siquiera este plan nacional de acción”, si bien ha gestionado recursos económicos para elaborar el plan, a la fecha está en duda si es que realmente ha ejecutado.
Insiste que, “hasta donde se tiene conocimiento no hay un plan de acción nacional ni siquiera en versión borrador, ni siquiera (se ha) arrancado”, porque además debiera ser un plan “participativo”, pero hasta el momento “nadie, absolutamente nadie conoce ni a participado en ninguna discusión al respecto”.
Desde el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), a través de la agencia especial denominada ONUDI, el gobierno cuenta con más de medio millón de dólares disponibles desde el 2021.
“Estamos a septiembre de 2022 y a pesar que ya tiene el dinero para avanzar en este pequeño paso, aún no lo hace. El Gobierno dice que está haciendo la gestión de estos proyectos, cosa que es cierta, pero no está avanzando nada en su implementación”, cuestionó.
Observa, que tampoco se controla la importación del metal, es más, en la gestión 2019, por iniciativa de los ministerios de Medio Ambiente, Minería y Economía se discutió y elaboró una propuesta de decreto supremo para controlar las importaciones de mercurio, pero fue rechazada en el Consejo de Política Económica y Social.
Campanini cuestiona que se haya rechazado en los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce, “entonces, las iniciativas positivas y favorables de alguna medida incluso del propio gobierno son frenadas y no son llevadas a cabo”.
¿Por qué y quiénes rechazan las iniciativas de poner freno al mercurio?
Cree que la presión del sector cooperativista impide que el gobierno tome decisiones para frenar el uso y comercialización, es decir, a causa de “una presión política, presión movilizada, incluso económica”.
Recordó que el año pasado las organizaciones auríferas se movilizaron y entre sus demandas estaba que no se apruebe el decreto supremo sobre el mercurio, y que todo este tema se desarrolle en concertación con el sector aurífero.
“Eso paró muchos esfuerzos, incluso quizás el proyecto para elaborar el plan de acción nacional”, sostuvo Campanini, al advertir un discurso gubernamental que no es coherente con la realidad sobre los impactos del metal tóxico.
