Un juez ratificó este miércoles la ampliación de la detención preventiva por tres meses de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y dos exministros dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019.
La Sala Penal Primera, dirigida por el vocal César Portocarrero, dispuso en una audiencia virtual ratificar la resolución emitida en agosto por otro juzgado y que había sido apelada por la defensa de Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Álvaro Guzmán.
Un mensaje en las redes sociales de la exmandataria, administradas por su familia, cuestionó que Portocarrero considerara que «la ‘complejidad’ de investigación de delitos inexistentes, políticamente retrasada por la Fiscalía, es suficiente para mantener presos indefinidamente a 3 inocentes».
Más temprano, por el mismo medio también se denunció que este miércoles Áñez cumple «550 días de secuestro e ilegal detención preventiva por un montaje político sin precedentes» y «por delitos que no sucedieron».
«Será Justicia cuando me devuelvan mi derecho a defenderme en libertad. La #Patraña1 es terrorismo de Estado», añade la publicación.
La determinación se enmarca en el llamado caso «golpe de Estado I», que fue la primera denuncia que se instaló por los hechos de la crisis política de 2019 y que en primera instancia estuvo dirigida al entonces dirigente cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre y algunos exjefes policiales.
En una ampliación de la demanda se incorporó a Áñez, Coímbra y Guzmán, con lo que se tramitó su detención preventiva desde marzo de 2021 en penitenciarías de La Paz y luego la medida cautelar se fue prolongando para extender la fase investigativa.
En este proceso, Áñez y sus exministros son acusados por el oficialismo y el Gobierno de Luis Arce por los supuestos delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» al considerar que la crisis de 2019 fue un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Críticas de la defensa
Uno de los abogados defensores de Áñez, Luis Guillén, dijo a Efe que la ampliación de la detención preventiva y la ratificación dispuesta en esta jornada son «decisiones que están saliendo del marco de lo establecido dentro de las normas» y que no cumplen con el respeto a los derechos humanos de las personas procesadas.
Para Guillén, esto afianza lo dicho en su momento por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a que en Bolivia se abusa de la detención preventiva.
La defensa de Áñez analizará los siguientes pasos legales a tomar, aunque las recientes decisiones judiciales son un «antecedente nefasto que va a ser denunciado de forma internacional en su momento», indicó.
También cuestionó que las autoridades judiciales que ven el proceso no hagan el «control jurisdiccional» correspondiente y lo sigan avalando pese a que los delitos por los que la expresidenta está denunciada en este caso «han salido del ordenamiento jurídico» boliviano.
En junio pasado, Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro caso, el llamado «golpe de Estado II», por la forma en que asumió la Presidencia interina en 2019 tras la renuncia de Evo Morales, su vicepresidente y otras autoridades en línea de sucesión.
La situación de la exmandataria generó el pronunciamiento de varios organismos internacionales que consideraron que le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos por la vía ordinaria.
