El presidente de las juntas vecinales de Tipuani, Rufino Chambi, cuestionó la falta de respuesta de la Defensoría del Pueblo, a cuyos representantes busca desde hace tres semanas, para que respondan por el incumplimiento del acuerdo que se firmó en sus oficinas, el 29 de enero.
Las entidades que incumplen dicho acuerdo son, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco); el alcalde de ese municipio, Fernando Vera; los representantes de los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua; la Gobernación y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
“Desde el mes de diciembre estamos con las inundaciones. El acuerdo no se ha cumplido ni en un 50%, es una pena. (…) Nuevamente he tenido que enviar notas ante el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y no tenemos respuesta. Es preocupante, porque a mí me presionan los vecinos y no tenemos respuesta (…) Desde el año pasado ya se han derrumbado 80 casas y las que están remojadas más de tres meses son 1.000 y hay que ver si cuando todo esto pase sean habitables otra vez”, relató Chambi en contacto con Visión 360.
Aseguró que la última carta enviada al delegado de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Francisco Rodríguez, es de hace tres semanas y sus colaboradores tampoco viabilizan una respuesta.
Por medio de Chambi, los vecinos advierten con asumir medidas extremas e iniciar un bloqueo de caminos si sus pedidos no son atendidos.
Delegado
En una entrevista con Visión 360, el martes, Rodríguez afirmó que las instituciones que firmaron dicho acuerdo estaban realizando los trabajos planificados para corto, mediano y largo plazo y que también se preparan cursos de capacitación para los mineros, que admitieron que no saben manejar los residuos ambientales, mismos que generaron las inundaciones.
El dirigente vecinal calificó las respuestas de Rodríguez, como “verdades a medias”. Por otro lado, lamenta la versión de los mineros, ya que considera que los cooperativistas no son sinceros, al decir que desconocen cómo se debe manejar los desechos ambientales y desmontes, pues la explotación aurífera se da desde hace 20 años en ese sector.
Visión 360 solicitó, hoy, la contraparte de la Defensoría del Pueblo sobre los reclamos de los vecinos de Tipuani, por la falta de fiscalización a dicho acuerdo. Desde la Unidad de Comunicación se informó que se haría la gestión, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.
Compromiso
Los trabajos comprometidos y que deben ser ejecutados por la Alcaldía y los cooperativistas son, a corto plazo, la extracción de las aguas servidas estancadas desde hace tres meses en la población capital, por medio de bombas, las que dejaron de operar desde la riada del 19 de febrero. A mediano plazo, el trabajo programado más importante, es el de la construcción de un muro de contención para el río, y la impermeabilización de la base para evitar filtraciones subterráneas.
El tercer trabajo, a largo plazo, es la compra y puesta en funcionamiento de una draga, que ayude a sacar del fondo del río Tipuani, la tierra que por años han ido echando los mineros, producto del desmonte y la extracción del oro con mercurio.
Chambi explicó que las casas afectadas y derrumbadas son de la población capital y de comunidades como Chima, Gritado, La Loma y Cangallí, entre otras. Según Maribel Ávalos, vecina de Chima, en esa población colapsaron al menos unas 180 viviendas y aseguró que la mitad del poblado ha desaparecido.
Costo de los alimentos
Asimismo, los vecinos denuncian que las riadas, que causaron la destrucción de un puente peatonal y del puente Cangallí, única vía de acceso para los motorizados a Tipuani, deben traer los productos para la canasta familiar en embarcaciones improvisadas, lo que genera el encarecimiento de los insumos y alimentos.
Puso como ejemplo que, si una garrafa de GLP cuesta 35 bolivianos, a este monto deben sumar otros 30, para el pasaje de ida hasta ese punto del río. Un huevo se vende a 2 bolivianos y el kilo de carne de res está a 60 bolivianos.
